Las organizaciones criminales han descubierto que falsificar vinos se ha convertido en un negocio cada vez mas redituable. Al principio las copias eran muy menores y de muy mala calidad. Pero con el correr del tiempo, se han vuelto cada vez mas sofisticadas y asusta ver el volumen que va adquiriendo el producto espúreo en el mercado. Se copia todo: las etiquetas, los corchos, las cápsulas, y por supuesto se adultera el vino. Cuanto mayor penetración tiene una marca, mas se la falsifica. Ciertamente, estas organizaciones criminales se encuentran muy bien organizadas en lo que hace a su logística. Y naturalmente, cuentan con el auxilio de comerciantes inescrupulosos para su distribución. Como sucede con casi todos los productos que se falsifican, la Justicia no le presta la debida atención. Continúa pensando que la falsificación es un delito menor, sin advertir el peligro y los riesgos que este delito encierra. Particularmente en lo que toca a la falsificación de vinos, si hubiese voluntad de parte de la Justicia de acabar con este flagelo, considero que no debiera de ser tan difícil, ya que no son tantos los posibles proveedores de las materias primas necesarias para la falsificación. Es decir, que con una tarea de inteligencia razonable, se debería descubrir sin dificultad de donde proviene el vino que se adultera, las imprentas que se utilizan, y donde se adquieren cápsulas y corchos. Lo mismo sucede con las empresas de transporte a las que se recurre para distribuir el producto por todo el país. Algo similar se podría argumentar respecto del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Este Organismo es quien tiene bajo su órbita de control todo lo que tenga que ver con la fabricación y comercialización de vinos. Es su obligación controlar que no se comercialice vino adulterado en ningún comercio. Ello de conformidad con lo que dispone el art. 1 de la ley 14.878: “La producción, la industria y el comercio vitivinícola en todo el territorio de la Nación quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley general de vinos y de su reglamentación.” De la lectura de la referida ley, se desprenden las facultades de dicho Organismo al respecto:”Los funcionarios a cuyo cargo esté el cumplimiento de la presente ley estarán autorizados para penetrar en cualquier hora en los locales, establecimientos o fábricas y examinar libros y documentos, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los productos a los que él se refiere, al efecto de su contralor en los lugares de producción en tránsito o en el comercio, pudiendo, si fuera necesario, recabar el auxilio de la fuerza pública y solicitar del juez competente órdenes para allanar domicilios, las que deberán despacharse dentro de las veinticuatro horas, habilitando los días y horas que sean necesarios.” La falsificación de vinos es algo muy serio, pues pone en riesgo la salud de las personas. Por eso la ley de vinos, califica y sanciona en su art. 31 la falsificación de vinos con una pena de prisión que va de tres a diez años. Como se advierte, mucho mas severa que para la falsificación de marcas en general. Sin embargo, insisto, salvo honrosas excepciones que por cierto las hay, la mayoría de los jueces federales a los que les corresponde intervenir no le asignan a las causas la entidad que merecen. A diferencia de lo que sucede con otros productos que se falsifican, donde el consumidor por lo general es encubridor del delito al adquirirlo a sabiendas de lo que consume, en el caso del vino falsificado, el consumidor es claramente un damnificado mas que pone en riesgo muy seriamente su salud. Por ello desde el Estado, debería prestársele mucho mayor atención a este delito. No solo por sus implicancias económicas, que afecta manifiestamente las economías regionales y provoca una elocuente evasión fiscal, sino porque se pone en riesgo la salud de la población.
RJ
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