Falsificación de marcas eje de la relación bilateral

Una vez mas, Argentina forma parte de la llamada "lista de vigilancia prioritaria" o "Priority Watch List" que elabora la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, (USTR, por su sigla en inglés). Sólo diez países figuran en esa lista negra; compartimos el "privilegio" con Argelia, Indonesia, China, Paquistán, Rusia, India y Tailandia, Venezuela y Chile. Si bien no es ninguna novedad que nuestro país figure en esa lista, -la integra desde el año 1996-, la novedad es que ante tan marcada "ausencia de voluntad política" del gobierno para enfrentar el problema del contrabando, piratería y comercialización de bienes "truchos", la cuestión se volverá "materia de relación bilateral" este año, según se anuncia. Al respecto, señala el informe que lleva la firma del Embajador Michael Froman, ex asesor personal de Barack Obama en economía internacional, que "...haremos de esta cuestión una materia de particular atención en la relación bilateral este año"... Evidentemente, no solo la ausencia de voluntad política, sino y mucho peor, la suerte de "reconocimiento" hacia la metodología y responsables de ferias cuestionadas por comercializar sin ningún tapujo productos en infracción, es lo que ha llevado seguramente a los Estados Unidos a tomar la decisión de plantear el tema en la relación bilateral este año. Nadie olvida por ejemplo, que representantes de la feria La Salada formaron parte junto con Moreno de representaciones comerciales oficiales de nuestro país al exterior. En lo que hace al combate del fraude marcario puertas para adentro, la Ciudad de Buenos Aires se queja constantemente que la Policía Federal no colabora en absoluto; lo que arroja como resultado que el flagelo se siga desarrollando y multiplicando sin ningún impedimento, ya que la Policía Metropolitana no es suficiente, al decir de sus autoridades, para terminar con el comercio ilegal en el ámbito metropolitano. Hace unos pocos días, ARBA realizó un procedimiento en La Salada justamente, pero en ningún caso esa diligencia fue para combatir y/o controlar el fraude marcario ni la violación de los derechos de autor. Hay que tener presente y recordar, que el producido en el mundo de lo que se obtiene a través de este delito, se utiliza para financiar actos de terrorismo internacional. Interpol y el FBI son reiterativos al respecto y no se cansan de advertir sobre el particular. En este punto, cobra dimensión el "Informe sobre Terrorismo en 2013" del que da cuenta la agencia de noticias AFP, del que surge que la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay sigue siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas, falsificación, contrabando y lavado de dinero, todas fuentes potenciales de financiamiento de organizaciones terroristas". El informe destaca que nuestro país "enfrenta desafíos en las fronteras del norte y noroeste contra crímenes transnacionales". Como corolario de todo esto, en la reforma al Código Penal que se plantea desde el gobierno, si bien se elevan las penas para el caso de la falsificación de marcas equiparándolas con las de la violación a los derechos de autor, se elimina la responsabilidad de los que venden esas mercaderías. En otras palabras, se despenaliza el delito, ya que vender el producto espúreo no estaría penalizado ni alcanzado por la norma. De esa suerte, verbigracia, quienes vendan productos falsificados en las ferias no tendrían ninguna responsabilidad penal. Duele admitir que en este caso, uno debiera coincidir con el informe, en que sigue sin haber una clara determinación política de combatir la falsificación de marcas y la violación a los derechos de autor. Por el contrario, daría la sensación que no es un tema de agenda para este gobierno.

RJ