Suspenden tratamiento de proyecto de ley a favor del cánon digital

Se suspendió finalmente hasta el 13 de Julio el tratamiento de un proyecto para gravar los dispositivos digitales que permiten realizar copias. El proyecto que impulsan el Frente para la Victoria y el Radicalismo, es una copia del proyecto que España impulsó en el año 2008, y que actualmente se encuentra suspendido por una decisión judicial... Como dije en su oportunidad y escribí en este mismo blog, la iniciativa que defiende el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, a mi modo de ver, viola las disposiciones del art. 22 del Protocolo Mercosur 8/95, y el art. 61 del Acuerdo ADPIC. Ello por cuanto en lugar de buscar "implentar medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados", o "de establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, que comprendan la pena de prisión y/o sanciones pecuniarias suficientemente disusivas que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente", se intenta ahora con este proyecto autorizar o legitimar la comisión de los delitos que atentan contra los derechos de autor y/o de marcas, imponiendo un impuesto a todos aquellos que paradójicamente resultamos damnificados por este tipo de actos. Dicho de otra manera, en lugar de combatir la piratería se la acepta mansamente, se la legítima, y para paliar sus efectos dañosos respecto de los titulares de los derechos de autor, se castiga a los consumidores con la imposición de un nuevo impuesto. Absurdo!! Continúan sin advertir los legisladores que la piratería no solo perjudica a los titulares de los derechos de autor o de marcas, sino que con el dinero que produce se financian delitos mayores como el narcotráfico o el terrorismo o se facilita el lavado de dinero. Tan solo recuerdese el primer atentado a las torres gemelas en el año 1993 que según datos de INTERPOL se financió con dinero proveniente de la falsificación de jeans. Tampoco defiende este impuesto al comercio formal; todo lo contrario. En síntesis, el proyecto no solo resulta una copia desgraciada de una mala iniciativa, sino que viola normas que nuestro país comprometió a partir de la suscripción de tratados internacionales que tienen rango constitucional.
RJ