Decisión política y Justicia
Sin dudas, no hay una verdadera voluntad política de erradicar el comercio ilegal ni la falsificación marcaria en la Ciudad de Buenos Aires ni en el resto del país. Lo que sucede con los manteros en Flores es harto elocuente al respecto. Un día se hace un operativo, y al siguiente vuelven a estar como si tal cosa. Se ha dicho hasta el cansancio en este blog, que no se trata de no permitir la venta a personas que no tienen ninguna otra posibilidad y buscan su subsistencia a través de estas ventas callejeras, sino que estamos frente a verdaderas organizaciones, que lucran y obtienen ganancias millonarias; ocupando el espacio público y comercializando mercadería en infracción. Todo ese producido es dinero en negro, que nadie sabe adónde va ni con que destino. Lo que es seguro, es que toda esa masa de dinero en algún momento se debe "lavar" para volver a ingresar al circuito...
Lo que sorprende, es que todavía no se comprenda la peligrosidad que estas organizaciones encierran, ni la entidad y gravedad que envuelve al delito marcario. Tanto Interpol como el FBI han sido más que claros a la hora de vincular este flagelo con el terrorismo y el narcotrafico. La organización que exhiben estos comerciantes ilegales a la hora de enfrentar a las fuerzas de seguridad, demuestran que no están solos, sino que responden a intereses superiores muy bien preparados e informados, y con una lógistica asombrosa. Transporte, depósitos, mercadería, todo ello implica mucho dinero, mucha inversión. Solo las grandes organizaciones cuentan con el dinero necesario para ello. Un delito cometido a la luz del día en plena Ciudad de Buenos Aires. Luego, la pregunta que sigue es, que sucede con la Justicia, que desde hace tantos años no da respuesta a un delito de orden público que se exhibe con toda impunidad y a la vista de todos? Una vez más, falla el Poder Judicial. Pareciera que no quiere prestarle atención a un delito tan peligroso como es la piratería en sus distintas facetas. Pese a todos los Tratados Internacionales a los que suscribió y adhirió nuestro país, por caso el TRIPs o el Protocolo Mercosur 8/95, seguimos sin dar respuesta a la lucha contra la piratería. Es una verdadera lástima, que no se logre advertir ni el riesgo ni las consecuencias que estos delitos acarrean. Si la Justicia se pusiera seria, seguramente muy pronto se desbaratarían estas organizaciones, -que no deben ser tantas como tan fuertes-, y se desalentaría que se siga lucrando con un ilícito que ya no es sorpresa para nadie. Ojalá en esta nueva etapa del país, se haga algo al respecto.
RJ
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