Advierten sobre necesidad de modificar la ley penal

Les dejo el pensamiento de mi querido amigo el Dr. Lisandro Cabo recogido por Infobaeprofesional en la sección abogados del dia de hoy. Al respecto, una vez mas coincide el destacado profesional en la necesidad de ... reformular la ley marcaria en lo que hace a su faceta penal.
A continuación, trancribo el artículo:

Abogados Viernes 20 de Junio de 2008


Falsificación marcaria: advierten sobre necesidad de modificar la ley penal
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Enrique Lisandro Cabo, socio de Porcel & Cabo Abogados, recomienda impulsar reformas para contar con penas acordes y que estos delitos disminuyan



Hace unos días se publicó en esta misma sección de Infobaeprofesional.com un artículo en el cual varios profesionales especialistas en el campo de las marcas opinaban sobre el flagelo de la falsificación marcaria.




Mas allá de haber sido muy atinadas la opiniones vertidas, creo que el mayor énfasis, tal cual se encuentra planteada hoy la lucha contra la falsificación marcaria en la Argentina debe de pasar, como lo he manifestado ya en infinidad de ocasiones, por la modificación a la actual ley de marcas 22.362 en su parte penal.

Dicha ley, que fue precursora en su momento, allá por los años 80, ha perdido en los tiempos que corren total vigencia respecto a lo que es el delito de falsificación, su penalización y sus multas.

El delito del siglo XXI, tal cual lo denomina el FBI a la falsificación marcaria, requiere para su persecución penal una ley acorde a 2008, y no a 1980.

No es un secreto para nadie lo que ha cambiado el mundo en los últimos veinticinco años, como se ha globalizado y los miles de millones de dólares que mueve hoy la falsificación marcaria, siendo sólo superada por el narcotráfico y la venta de armamento.

Tampoco es un secreto que muchos de los fondos que genera la falsificación van dirigidos a financiación de terrorismo y otros delitos gravísimos.

Ahora bien, algunos de los colegas piden mayor intervención del Estado en el caso de la falsificación marcaria e inclusive mayores actuaciones de oficio por parte de los jueces.

Me interesa en esto, para ser justo, recordar que la Aduana Argentina ha realizado un enorme trabajo, habiendo generado su propio departamento de lucha contra el fraude marcario que se maneja a través de las medidas en frontera que lleva adelante dicho organismo. La Aduana es el Estado Nacional o uno de sus organismos.

Ahora bien, creo también justo mencionar que desde el sector privado, mas allá de algunas iniciativas aisladas, se pretende que sea el Estado quien lleve adelante casi de manera excluyente la lucha contra la falsificación.

En esto estoy sinceramente convencido que hay que emparejar la actuación del Estado por un lado y la del sector privado por el otro.

Creo que el sector privado, compuesto por las compañías dueñas de marcas interesadas y también, por qué no, por los estudios de abogados especialistas en el tema, tienen la obligación de impulsar la modificación de la ley 22.362 para obtener penas acordes a los tiempos que corren y darle a los jueces una herramienta que sea lo suficientemente válida para que puedan perseguir la falsificación y aplicar penas suficientemente disuasorias para que, por lo menos, el delito disminuya y, no como ocurre hoy, que los falsificadores vean como llevan adelante el ilícito sin sanción de ninguna índole.

Es evidente que los mayores interesados en que esto ocurra son los propios falsificados.

Sin embargo, insisto, mas allá de algunas excepciones, no me ha tocado ver que exista un gran interés en lograr que el poder legislativo proceda a modificar la ley de marcas para obtener el objetivo propuesto.

Es más, algunos colegas siguen con la idea de combatir la falsificación dentro del ámbito civil. Nada mas alejado de la realidad. Imagino a cualquier colega que sostiene ésta idea citando a una mediación civil a un falsificador que tiene una planta de fabricación en algún lugar de la Provincia de Buenos Aires en la cual produce, solo a título de ejemplo, cien mil prendas falsificadas por mes, para que cese en la falsificación.

Sería como haber pretendido sentar a Capone en una mediación para que dejara de contrabandear alcohol en Chicago en los años veinte...

No alcanza con pedirle al Estado que se haga cargo de un problema en el cual - al día de hoy a través de la Aduana -, ha avanzado mucho mas que el sector privado. Tampoco alcanza con pedirle a los jueces que actúen de oficio, ya que el poder judicial no puede hacer magia con la ley tal cual se encuentra planteada hoy.

Entonces, según mi opinión hay, de una vez por todas, que aunar criterios dentro del sector privado para presentar o acompañar proyectos de ley de modificación de la 22.362 en su parte penal en el poder legislativo. Hay que generar desde el sector privado un frente común en este sentido y empujar todos de manera unánime.

De lo contrario, sin punición efectiva, sin herramientas eficaces y pretendiendo que otros se hagan cargo de aquello que debemos de hacernos cargo nosotros no vamos a llegar demasiado lejos en la lucha.

Hasta el momento, lamento decirlo, los hechos me dan la razón.

Enrique Lisandro Cabo, socio de Porcel & Cabo Abogados
Especial para Infobaepofesional.com