Medicamentos truchos, ahora si en boca de todos
Lamentablemente tuvo que suceder lo que hoy esta en boca de todos para que la falsificación de medicamentos cobre la vigencia e importancia que por fin comienza a tomar entre nosotros. Homicidios, expedientes falsos y troqueles fraguados que se utilizaban para cobrar los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE), que financia a las obras sociales; muertes de personas enfermas de cáncer sobre las que no se pueden establecer las verdaderas causas de los descesos, y muchos otros tristes sucesos han llevado a diferentes personalidades y funcionarios a finalmente concluir en que existe una mafia dedicada a la falsificación de medicamentos... Por caso, Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, opinó para el diario La Nación, "Delincuentes vestidos de empresarios, vinculados con gobiernos, y jóvenes ambiciosos que terminan muertos en una zanja son pruebas de que existe una mafia de medicamentos". En la misma nota, se agrega "remedios de alto costo y baja incidencia para VIH, cáncer, hemofilia o trasplantes han sido falsificados y adulterados, al cambiarse números de lote y fecha de vencimiento, según se desprende de las investigaciones judiciales. Hay remedios peligrosamente adulterados que podrían haber causado muchas muertes sin que nadie lo haya notado nunca..."
Para Peretta, el negocio irregular de remedios mueve en el país aproximadamente 1100 millones de pesos anuales.
Según datos de los laboratorios y la industria farmacéutica, el comercio de medicamentos adulterados, falsificados y robados en la Argentina pasó de un reducido 1 por ciento del total en 2000, a un 3 por ciento en 2004, a un 7 por ciento en 2006 y un 10 por ciento en 2009. Por cierto, datos escalofriantes.
Al tiempo que esto ocurre, la lupa de los investigadores de la mafia de los medicamentos se posa cada vez más amenazante sobre las cajas de varios sindicatos. Sin embargo, los gremios se resisten a explicar o justificar el destino de más de $ 250 millones, aportados por el Estado a sus obras sociales; según el siguiente detalle:
$ 208 millones: es la cantidad de fondos girados por el Estado para tratamientos médicos especiales y cuyo destino nunca fue explicado por los destinatarios. La ex ministra Ocaña había ordenado su devolución, pero eso jamás ocurrió.
$ 48 millones: son fondos de un plan de subsidios para tratamiento de tabaquismo, hipertensión, obesidad y otras enfermedades cuya rendición presenta irregularidades, según varios estamentos del Estado.
$ 17 millones: es la cantidad de dinero que retuvo sin rendir la obra social del gremio de los bancarios, del sindicalista Juan José Zanola, hasta ahora el más complicado en la causa judicial que investiga a la mafia de los medicamentos adulterados. Ver informe del diario La Nación.
Seguramente esto y por supuesto otros hechos hayan llevado al Juez Federal Norberto Oyarbide a enviar ayer un oficio al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el que le pide al Gobierno que considere la posibilidad de intervenir la obra social que preside Juan José Zanola.
Lo cierto es que la falsificación de medicamentos ya es un hecho que en la República Argentina no se puede negar mas; empresarios, funcionarios del gobierno, sindicalistas, todos se confunden y entremezclan en esto que se ha dado en identificar como la mafia de los medicamentos.
Sería importante en este estadio, tomar conciencia también, sobre la importancia que tiene, -ahora mas que nunca- la modificación del Código Penal en sus arts. 200 y ss, como en lo que hace a la ley 22.362 (ley de marcas) en su aspecto penal.
Algún día, espero, alguién escuchará tanta predica. Ojalá el diputado De Narvaez retome interés por el proyecto que él suscribiera junto al entonces diputado Ritondo pero que luego no fue impulsado como hubiera correspondido.
RJ
Para Peretta, el negocio irregular de remedios mueve en el país aproximadamente 1100 millones de pesos anuales.
Según datos de los laboratorios y la industria farmacéutica, el comercio de medicamentos adulterados, falsificados y robados en la Argentina pasó de un reducido 1 por ciento del total en 2000, a un 3 por ciento en 2004, a un 7 por ciento en 2006 y un 10 por ciento en 2009. Por cierto, datos escalofriantes.
Al tiempo que esto ocurre, la lupa de los investigadores de la mafia de los medicamentos se posa cada vez más amenazante sobre las cajas de varios sindicatos. Sin embargo, los gremios se resisten a explicar o justificar el destino de más de $ 250 millones, aportados por el Estado a sus obras sociales; según el siguiente detalle:
$ 208 millones: es la cantidad de fondos girados por el Estado para tratamientos médicos especiales y cuyo destino nunca fue explicado por los destinatarios. La ex ministra Ocaña había ordenado su devolución, pero eso jamás ocurrió.
$ 48 millones: son fondos de un plan de subsidios para tratamiento de tabaquismo, hipertensión, obesidad y otras enfermedades cuya rendición presenta irregularidades, según varios estamentos del Estado.
$ 17 millones: es la cantidad de dinero que retuvo sin rendir la obra social del gremio de los bancarios, del sindicalista Juan José Zanola, hasta ahora el más complicado en la causa judicial que investiga a la mafia de los medicamentos adulterados. Ver informe del diario La Nación.
Seguramente esto y por supuesto otros hechos hayan llevado al Juez Federal Norberto Oyarbide a enviar ayer un oficio al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el que le pide al Gobierno que considere la posibilidad de intervenir la obra social que preside Juan José Zanola.
Lo cierto es que la falsificación de medicamentos ya es un hecho que en la República Argentina no se puede negar mas; empresarios, funcionarios del gobierno, sindicalistas, todos se confunden y entremezclan en esto que se ha dado en identificar como la mafia de los medicamentos.
Sería importante en este estadio, tomar conciencia también, sobre la importancia que tiene, -ahora mas que nunca- la modificación del Código Penal en sus arts. 200 y ss, como en lo que hace a la ley 22.362 (ley de marcas) en su aspecto penal.
Algún día, espero, alguién escuchará tanta predica. Ojalá el diputado De Narvaez retome interés por el proyecto que él suscribiera junto al entonces diputado Ritondo pero que luego no fue impulsado como hubiera correspondido.
RJ
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