Falsificación marcaria: asi no

"Cada una de las personas que están trabajando ilegalmente en esta feria fueron, previamente, asistidas legal y socialmente", indicó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde durante el desalojo realizado el día de ayer en la feria de la Ribera. No solo ello, sino que agrega el diario La Nación relatando el episodio, que el administrador de Urkupiña SA, una de las ferias de La Salada, señaló a través de un comunicado que, conociendo la situación de las miles de personas que trabajan en La Ribera, y ante su inminente desalojo, aceptaron la propuesta por parte del intendente Insaurralde de ceder una fracción del predio de cinco hectáreas para generar allí un lugar alternativo para los puesteros "desarmadores" (los que tienen estructuras desmontables) que se encontraban violando el fallo judicial. Según indicó Antequera, esa propuesta fue consensuada con la intendencia, hasta la conformación de una nueva feria formal, en el predio conocido por su cercanía al Puente La Colorada, a pocos metros del lugar desalojado. El intendente Martín Insaurralde le confirmó a Clarín que allí estarán “transitoriamente” hasta que terminen la construcción de un nuevo predio vecino. “El 70% de los feriantes aceptó ser reubicados allí”, explicó. Muchos de quienes vivían indirectamente de la Feria de la Ribera –como los cuidacoches– recibieron planes sociales o algún otro tipo de ayuda. En otras palabras, se continúa sin combatir la falsificación marcaria ni la violación de la propiedad intelectual... Peor aún, se estaría facilitando que se continúe con este comercio ilegal. Concordante con esta posición, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), indicó que el operativo no se trató de "un desalojo, sino de un traslado, consensuado en su mayoría con los propios feriantes" de ese predio. Nada se dice de la violación a las leyes de marcas y de propiedad intelectual, ni a los Tratados Internacionales TRIPs y Prototocolo Mercosur. Todo lo contrario. Pareciera que la consigna es coadyuvar con esta metodología. En un reportaje radial, Héctor López Moreno, quién preside la Asociación Amigos de la calle Florida, señaló que la funcionaria Cristina Camaño, quién es la segunda de la Ministra Garré, les habría manifestado en una reunión matenida con ellos, donde se encontraban solicitando la intervención del Ministerio para poner fin al comercio ilegal sobre la calle Florida, que desde el Ministerio "estaban con esta gente" refieriéndose a los que ocupan ilegalmente la calle Florida; Marta Arriola, también funcionaria de dicho Ministerio, en idéntico sentido, también les habría manifestado que esa gente (los manteros) tienen que trabajar y tienen derecho a estar ahi. Corolario de esta posición, es verbigracia el frustrado procedimiento llevado el día de ayer por personal del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, que tuvo que suspender la diligencia por la falta de auxilio del personal de la policía federal.
RJ