Que nos pasa
En una muy reciente declaración el Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González García aseveró de forma pública refiriéndose a la actuación de un Juez que “hay jueces que utilizan la justicia para no aplicar las leyes...”
Nunca más acertada la descripción...
En un reciente fallo dictado por un Tribunal Federal radicado en la provincia de Tucumán, concretamente por los jueces Graciela Fair Fernández Vecino, Raúl David Mender, Ernesto Clemente Wayar, Ricardo Mario San Juan y Marina Cossio de Mercau, se acaba de desestimar una denuncia por infracción a la ley 22.362.
Lo asombroso de esta resolución, es que el material secuestrado al comerciante que se encontraba comercializándolo, ostentaba marcas notorias reconocidas por todos. Pero no solo ello, sino que el material en cuestión era idéntico al original que comercializaba con anterioridad el mismo comerciante que después pretende mostrarse y aparecer como sorprendido; y no se agota aquí la cuestión, sino que en el caso puntual, el fabricante de dicho producto, denunciado en el marco de otro proceso, reconoció la infracción y llegó a un acuerdo con el titular de la marca, para destruir gran parte del material apócrifo ,-el idéntico y el que utilizaba marca o logo-, y readecuar el resto que pudiera ser transformado.
El Tribunal Tucumano reconoció que se encontraba acreditado en autos que la titularidad de la marca involucrada pertenecía a la empresa denunciante. Reconoció que se la estaba utilizando en el producto secuestrado. Reconoció que el packaging que se utilizaba era idéntico al del producto original.
Sin embargo y pese a ello, desconociendo de manera manifiesta lo que regula el art. 16 de la ley 24.425 que da plena validez al Tratado Internacional conocido como ADPIC entre nosotros, a lo dispuesto por el art. 31 de la ley 22.362 y al derecho de propiedad que le asiste al titular de la marca a partir de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 22.362 y lo que dispone el art. 17 de nuestra Carta Magna, hizo caso omiso de todo y desestimó la denuncia, naturalmente de manera asombrosamente arbitraria cuan insólita.
Pero como para que no queden dudas, mandó instruir una investigación contra “el titular de la marca para investigar si podría existir connivencia con quién lo estaba falsificando...???!!!!!” Que fácil resulta ir por la vía del absurdo para desnaturalizar lo obvio.
Es imposible continuar así. Ya no se puede más. La inseguridad jurídica es total. Piensen ustedes que el recurso de casación que se impone se debe interponer por ante ese mismo Tribunal.
El Fiscal Federal de Cámara que intervino, acompañó y adhirió a la empresa querellante en la apelación contra la resolución del juez a-quo,-(destaco que este juez ya fue removido por irregularidades y enjuiciado por el Consejo de la Magistratura)-.
Continuando con este absurdo, la pregunta que me surge entonces, es porque no se manda investigar también al Funcionario del Ministerio Público?
De las estadísticas brindadas por el Ministerio Público, para el año 2006, en lo referido a leyes especiales, y dentro de ellas a patentes y marcas ley 22362, para el Interior del país , surge que se ingresaron 517 denuncias, de las cuales se elevaron a juicio 36 y solo se obtuvieron 6 condenas.
Evidentemente algo grave esta sucediendo.
Nunca más acertada la descripción...
En un reciente fallo dictado por un Tribunal Federal radicado en la provincia de Tucumán, concretamente por los jueces Graciela Fair Fernández Vecino, Raúl David Mender, Ernesto Clemente Wayar, Ricardo Mario San Juan y Marina Cossio de Mercau, se acaba de desestimar una denuncia por infracción a la ley 22.362.
Lo asombroso de esta resolución, es que el material secuestrado al comerciante que se encontraba comercializándolo, ostentaba marcas notorias reconocidas por todos. Pero no solo ello, sino que el material en cuestión era idéntico al original que comercializaba con anterioridad el mismo comerciante que después pretende mostrarse y aparecer como sorprendido; y no se agota aquí la cuestión, sino que en el caso puntual, el fabricante de dicho producto, denunciado en el marco de otro proceso, reconoció la infracción y llegó a un acuerdo con el titular de la marca, para destruir gran parte del material apócrifo ,-el idéntico y el que utilizaba marca o logo-, y readecuar el resto que pudiera ser transformado.
El Tribunal Tucumano reconoció que se encontraba acreditado en autos que la titularidad de la marca involucrada pertenecía a la empresa denunciante. Reconoció que se la estaba utilizando en el producto secuestrado. Reconoció que el packaging que se utilizaba era idéntico al del producto original.
Sin embargo y pese a ello, desconociendo de manera manifiesta lo que regula el art. 16 de la ley 24.425 que da plena validez al Tratado Internacional conocido como ADPIC entre nosotros, a lo dispuesto por el art. 31 de la ley 22.362 y al derecho de propiedad que le asiste al titular de la marca a partir de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 22.362 y lo que dispone el art. 17 de nuestra Carta Magna, hizo caso omiso de todo y desestimó la denuncia, naturalmente de manera asombrosamente arbitraria cuan insólita.
Pero como para que no queden dudas, mandó instruir una investigación contra “el titular de la marca para investigar si podría existir connivencia con quién lo estaba falsificando...???!!!!!” Que fácil resulta ir por la vía del absurdo para desnaturalizar lo obvio.
Es imposible continuar así. Ya no se puede más. La inseguridad jurídica es total. Piensen ustedes que el recurso de casación que se impone se debe interponer por ante ese mismo Tribunal.
El Fiscal Federal de Cámara que intervino, acompañó y adhirió a la empresa querellante en la apelación contra la resolución del juez a-quo,-(destaco que este juez ya fue removido por irregularidades y enjuiciado por el Consejo de la Magistratura)-.
Continuando con este absurdo, la pregunta que me surge entonces, es porque no se manda investigar también al Funcionario del Ministerio Público?
De las estadísticas brindadas por el Ministerio Público, para el año 2006, en lo referido a leyes especiales, y dentro de ellas a patentes y marcas ley 22362, para el Interior del país , surge que se ingresaron 517 denuncias, de las cuales se elevaron a juicio 36 y solo se obtuvieron 6 condenas.
Evidentemente algo grave esta sucediendo.
Tan solo alcanza con leer el Informe del Ministerio Público publicado en el Informe que vengo refiriendo, relativo a la:
"CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
Lamentablemente Tucumán ha sido un epicentro en este tema, ya que la Justicia Federal de esta provincia afronta simultáneamente, el proceso de destitución del Juez Federal Nº II; un procedimiento contra el Juez Federal Nº I; una denuncia contra el Vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Dr. Jiménez Montilla; denuncia por la prensa contra el camarista Dr. Raúl David Mender, por beneficiarse con una medida judicial del Juzgado Federal NºII para liberar fondos depositados en la llamado “corralito financiero”; denuncia penal y del Colegio de Abogados contra profesionales del foro local y de particulares, por defraudación al Estado Nacional. Todas estas actuaciones, se respaldan a la vez en una causa penal, que siendo en un primer momento una actuación preliminar en el marco del Artículo 26 de la Ley 24946, ha investigado las maniobras que se adjudican a los magistrados, en torno al mencionado corralito financiero. Fácil es advertir que la lucha contra la corrupción en la administración de justicia, se ha vuelto una tarea diaria de despacho, en la cual también se intenta, desde éste ámbito, plasmar la identidad del Ministerio Público Fiscal y diferenciarlo en su actuación y comportamiento. Esta diferenciación, a la que hemos referido en el Informe Anual del año próximo pasado, implica un cambio cultural, que nace desde dentro de nuestras propias instituciones y dependencias y debe trascender a la sociedad en los hechos."
Lo triste, es que se nos obliga a los profesionales que sufrimos esta corrupción, además de tener que lidiar con quienes atacan y vulneran el derecho de nuestros asistidos, a tener que enfrentar al tribunal y a tener que recurrir por ante el Consejo de la Magistratura para denunciar estas nuevas barbaridades.
Trabajo este que a no dudar, no redunda en beneficio de nuestros asistidos ni del sitema.
Por el contrario, anima el desasosiego.
"CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
Lamentablemente Tucumán ha sido un epicentro en este tema, ya que la Justicia Federal de esta provincia afronta simultáneamente, el proceso de destitución del Juez Federal Nº II; un procedimiento contra el Juez Federal Nº I; una denuncia contra el Vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Dr. Jiménez Montilla; denuncia por la prensa contra el camarista Dr. Raúl David Mender, por beneficiarse con una medida judicial del Juzgado Federal NºII para liberar fondos depositados en la llamado “corralito financiero”; denuncia penal y del Colegio de Abogados contra profesionales del foro local y de particulares, por defraudación al Estado Nacional. Todas estas actuaciones, se respaldan a la vez en una causa penal, que siendo en un primer momento una actuación preliminar en el marco del Artículo 26 de la Ley 24946, ha investigado las maniobras que se adjudican a los magistrados, en torno al mencionado corralito financiero. Fácil es advertir que la lucha contra la corrupción en la administración de justicia, se ha vuelto una tarea diaria de despacho, en la cual también se intenta, desde éste ámbito, plasmar la identidad del Ministerio Público Fiscal y diferenciarlo en su actuación y comportamiento. Esta diferenciación, a la que hemos referido en el Informe Anual del año próximo pasado, implica un cambio cultural, que nace desde dentro de nuestras propias instituciones y dependencias y debe trascender a la sociedad en los hechos."
Lo triste, es que se nos obliga a los profesionales que sufrimos esta corrupción, además de tener que lidiar con quienes atacan y vulneran el derecho de nuestros asistidos, a tener que enfrentar al tribunal y a tener que recurrir por ante el Consejo de la Magistratura para denunciar estas nuevas barbaridades.
Trabajo este que a no dudar, no redunda en beneficio de nuestros asistidos ni del sitema.
Por el contrario, anima el desasosiego.
3 comentarios:
Saludos al Dr: Roberto Porcel, Dr: Enrique Lisandro y todos los amigos de este estupendo blog,puès bien Dr: Roberto es para mì ya una costumbre casi que un vicio revisar su pagina a Diario realmente se trata de una Pagina Especializada en materia de Falsificaciòn Marcaria,el asunto que trata aquì a la par de ser sumamente interesante por tratar de la Marca Notoria y su protecciòn, es tambièn inquietante en cuanto a la actividad de la Magistratura judicial porque las interpretaciones que se estan dando en èsta materia dejan mucho que desear en un caso sumamente parecido de la Marca Hilfiger aquì en Venezuela se planteo una Acciòn Judicial por falsificaciòn Marcaria los productos "Non Santos" estaban amparados con la denominaciòn TOMMY ATLETICS lo cuàl a nuestro entender creaba confusiòn a los consumidores de TOMMY HILFIGER ,inclusive usaban como aditamento a la Marca una Banderita similar a la de la Marca Internacional HILFIGER la cuàl goza de Notoriedad ampliamente reconocida en el continente entero y sin embargo la representaciòn del Ministerio Pùblico NO VIO TAN CLARO EL HECHO CONSUMADO DE LA FALSIFICACION MARCARIA, sino que por razones inexplicables solicito EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA en virud de que la combinaciòn de palabras no era total y absolutamente identica, para mayor desgracia de la Marca Internacional los supuestos Titulares de la MARCA CONTROVERTIDA tenian un Registro de la Marca aùn cuando no debìa haber aceptado la misma aùn de Oficio por el Registrador por ser una MARCA NOTORIA INTERNACIONAL,puès bièn que le puedo decir tenemos un mal y ese es el de que la Letra de la Ley se lee muchas veces pero se aplica muy pocas, en fin que interesante articulo la verdad es que como dijo Jesus de Nazaret "NADA HUMANO ME ES AJENO", casualmente el dìa de hoy publicamos un articulo SOBRE LA MARCA NOTORIA y SU PROTECCIÒN EN VENEZUELA lo cuàl fuè una agradable coincidencia dado que al abrir su pagina encontre que de alguna manera tambièn tocaba el tema el dìa de hoy.
Cordiales, Saludos !!!
Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzàlez
ABOGADO-U.C.A.B.
No salgo de mi asombro por el desinteres de los responsables de combatir la injusticia en nuestro pais, ni tampoco de mi admiracion por quienes, no solo combaten esa injusticia, sino que tambien intentan desarraigar a quienes se favorecen de ellas.
Realmente es vergonzoso leer un fallo como el comentado por el autor del blog, y al mismo tiempo muy triste ver como la justica argentina se va deteriorando a medida que pasa el tiempo.
El hecho de ver que se esta cometiendo un delito y no imputar al responsable de èste es la prueba mas evidente de lo dicho mas arriba, y de la falta de conciencia de nuestros jueces de la peligrosidad de este delito.
Es por eso que resalto la idea del Dr. Azize de crear un organizmo que se encargue de instuir no solo a nuestros legisladores sino tambien a los jueces sobre los delitos mas importantes en nuetro mundo actual.
Uno de los peores males que afronta la República Argentina es el retiro de la Justicia, en general, del escenario en el cual le toca actuar. La famosa inseguridad jurídica de la que tanto se habla la tenemos aquí "fotografiada" de manera elocuente.
El tema que comentas, Roberto, no es ni mas ni menos que un caso de corrupción judicial.
El Diccionario de la Real Academia define la palabra corrupción: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores."
En el caso en cuestión, la Cámara Federal de Tucumán ni siquiera ha dictaminado a través de un fallo de derecho opinable, o sustentado en argumentos legales apoyados en lo que la ley prescribe, o en doctrina o jurisprudencia imperante en la materia.
La Cámara, lisa y llanamente se ha apartado de toda clase de argumento fundado en ley, ha hecho caso omiso a lo que prescriben la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley 22.362, el proceso penal en sí mismo, la aplicación de las normas pertinentes, y ha dictado una resolución acorde a intereses propios de una de las partes, el denunciado, en contraposición a las mas elementales normas de derecho.
Uno en la vida cree haber visto todo, pero lamentablemente, este caso nos demuestra que no habíamos visto todo.
La Cámara ha fallado pasando por encima toda la argumentación de la querella y del propio Fiscal Federal que hizo suyos los argumentos de la misma. No conforme con ello, manda a investigar, precisamente, a la querella. Hubiera faltado, para completar el disparate, que mandara investigar al Fiscal.
Ahora bien, alguien podría creer que tengo un interés comprometido en mi comentario. Voy a despejar rápidamente esa duda.
En el Informe del Señor Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Dr. Antonio Gustavo Gómez, informe éste elaborado por los Fiscales Federales de cada Provincia y desarrolado por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, el mismo, sobre el relevamiento de 2006, indicó, refiriéndose a "CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EN LA ADMINISTRACION PUBLICA" en Tucuman:
"Lamentablemente Tucumán ha sido un epicentro en este tema, ya que la Justicia Federal en esta Provincia afronta simultáneamente el proceso de destitución del Juez Federal Nro.II, un procedimiento contra el Juez Federal Nro.I, una denuncia contra el Vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Dr. Jimenez Montilla, denuncia por la prensa contra el camarista Dr. Raul David Mender por beneficiarse con una medida judicial del Juzgado Federal Nro. II para liberar fondos depositados en el llamado "corralito" financiero, denuncia penal y del Colegio de Abogados contra profesionales del foro local y de particulares, por defraudación al Estado Nacional...Fácil es advertir que la lucha contra la corrupción en la administración de justicia, se ha vuelto una tarea diaria de despacho, en la cual también se intenta, desde éste ámbito, plasmar la identidad del Ministerio Público Fiscal, y diferenciarlo en su actuación y comportamiento. Esta diferenciación a la que hemos referido en el informe anual del año próximo pasado, implica un cambio cultural, que nace desde dentro de nuestras propias instituciones y dependencias y debe trascender a la sociedad en hechos."...
Este es, ni mas ni menos que el panorama con el que nos encontramos.
El fallo al que se hace referencia por tu parte no es, ni mas ni menos, que la demostración mas cabal de la corrupción judicial por parte de ese Tribunal en el caso en cuestión.
No solo hay que batallar contra los delincuentes. En este caso, la batalla hay que darla, también, contra la propia administración de justicia que, vaya a saber porque oscuros intereses, ha defendido a la denunciada mas allá de lo que lo han hecho sus propios abogados.
Hay que dar batalla para que no todo esté perdido. Hay que dar batalla hasta el fin.
Un abrazo a todos los amigos del blog.
Publicar un comentario